El terrorismo un lucrativo negocio para las empresas de seguridad privada.

Según fuentes oficiales, el Estado destina, sólo en el País Vasco, más de 200 millones de euros anuales a empresas de seguridad privada, supuestamente, para proteger a políticos, empresarios y edificios oficiales de la “amenaza terrorista“. El dinero público que se embolsan estas empresas, a cuenta del Estado, con la misma excusa, es ligeramente inferior en el resto de España, y ronda los 100 millones de euros anuales.

Altos cargos de la política, como el vasco Jaime Mayor Oreja (líder del Partido Popular en el Parlamento Europeo y ministro de interior durante el gobierno Aznar) participan en este lucrativo negocio como demuestra una sentencia del propio Tribunal Supremo.

Un hecho incuestionable es que el terrorismo en España aporta grandes beneficios a unos y grandes perjuicios a otros. Entre los beneficiados estarían los altos cargos de la “lucha antiterrorista” y las empresas de seguridad privada, que ven como, año tras año, va aumentando las cantidades de dinero público destina a ellos; y entre los perjudicados podemos encontrar al movimiento independentista vasco, que ve como sus partidos políticos y organizaciones sociales son ilegalizadas y criminalizadas, y se les niega la posibilidad de participar en los procesos electorales, así como el conjunto de la población, que ve aumentar las medidas represivas y el recorte de derechos y libertades, mientras el Estado va adquiriendo nuevos poderes totalitarios, con un amplio consenso social.

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